Cuando México creía haber terminado con las luchas armadas de los siglos XIX y XX, vino a caer en la peor crisis de delincuencia de los últimos veinte años; tan profunda es su huella que sirve para dividir al país en zonas controladas por las mafias o cárteles, cuando antes la diferencia era gastronómica o musical. En México, el siglo XXI es el siglo de la inseguridad.
No hay ciudadano que no apoye castigos más severos a los responsables, hombres o mujeres, de delincuencia organizada, como se la llama ahora. Son los autores de los secuestros, las desapariciones, la trata de blancas, las extorsiones y, sobre todo, los homicidios. Con tal de contenerlos, la sociedad está dispuesta a sacrificar privacidad, comunicaciones y libertades. No importa: hay que enfrentarlos con toda la fuerza posible.
Por otro lado, la pobreza sigue presente y se vuelve en sí una amenaza más. Las autoridades deben evitar que los más vulnerables, los niños y las mujeres, caigan en violencias de todo tipo por la falta de oportunidades. La paz deseada comienza por infancias felices, y un mundo mejor es el que impulsa por igual a hombres y mujeres.
¿Qué respuesta encontramos hoy en día a estos desafíos? Vemos reformas legales, mayor presupuesto a seguridad y nuevas estrategias, pero los resultados todavía son mínimos o tardan en madurar. Sin embargo, acaba de aprobarse una iniciativa que puede causar indignación en las víctimas sin el debido contexto. Yo vaticino un debate sin ganadores ni perdedores, pero interesante.
Dicha reforma permite que las mujeres jefas de familia, culpables de algún delito, paguen con arresto domiciliario en vez de prisión; se busca “evitar los efectos nocivos” de la privación de la libertad en las madres de familia y en sus hijos, ya que a estos últimos los afecta la separación.
La promotora es la diputada local Lucero Martínez López, de Morena, y toda su bancada, que forma la mayoría, aprobó el dictamen. Lo hicieron movidos por “la violencia de género, la pobreza y la falta de acceso a la educación y la salud” que caracteriza a las madres solteras o jefas de familia de condición humilde. En resumen, fue para ayudarlas.
Los morenistas se tomaron la fotografía del triunfo después de aprobar el dictamen, pero las personas que buscan beneficiar siguen en la pobreza de siempre. No acompañaron dicha reforma con un fondo educativo o de salud que mejore las condiciones de las jefas de familia, pues, en esencia, siguen atadas al subdesarrollo por la falta de habilidades y conocimientos. Morena se queda corto en su intento de erradicar la desigualdad y festeja demasiado un beneficio que, a pesar del bien ofrecido, es apenas un peldaño de los cien que las mujeres deben subir para superar la pobreza.
Separar a un niño de su madre, en efecto, abre otras heridas que pueden acarrear más problemas. No se deben ignorar los derechos de la infancia ni la función de la progenitora en el crecimiento infantil, pero Morena tiene que escuchar también a los ofendidos que ha dejado una madre delincuente, más ahora que el clamor de justicia es intenso. ¿Dónde queda el derecho de las víctimas en estos casos? ¿Es suficiente la prisión domiciliaria para reparar el daño?
No hay respuesta fácil a estas preguntas, pero es importante demarcar a qué derecho se le da preferencia con la reforma el artículo 108 Bis del Código Penal de Tamaulipas en materia de sustitución de prisión para mujeres jefas de familia. Y es claro que el beneficio es para el delincuente.
Es una lástima que los legisladores hayan sido ambiguos en cuanto a los casos que merecen el confinamiento domiciliario. Citan como justificación aquellas sentencias que resulten “innecesarias y desproporcionadas”, pero estos términos no definen nada. Quizás las madres primo delincuentes sean adecuadas para este beneficio. Sin embargo, no hay claridad al respecto y tampoco sobre el tipo de delitos cometidos, si del fuero común o federal. Algunos secuestros, por ejemplo, comienzan con la distracción de la víctima, algo tan simple de hacer, y la responsable, en ocasiones, suele ser una mujer.
O tal vez actúe como la iniciadora de una estafa que termine por despojar a alguien de todos sus bienes.
Si la culpable, en uno u otro caso, es una jefa de familia de condición vulnerable, el juez podrá enviarla a casa según el código reformado. Y quizás sea confinamiento, pero también tendrá más comodidad y una sensación de libertad que es imposible hallar en una prisión real.
Dios nos libre de parecer torturadores o déspotas, sobre todo de una mujer pobre con hijos. Pero hay que tomar en cuenta también a las víctimas, y se tiene la impresión de que estas pasan a segundo término a consecuencia de la nueva reforma.
Si hay un lastre que amarga la confianza ciudadana es la impunidad, el hecho de ver al delincuente sin recibir el justo castigo. Hemos dicho que atravesamos por la peor época de inseguridad de los tiempos actuales, y que las personas honradas están deseosas de justicia. Si la cárcel es un castigo severo para ciertos delincuentes, como las jefas de familia pobres, ¿qué sentido tiene su utilización? ¿Qué pretende decir a las víctimas la sustitución de la cárcel por el encierro domiciliario?
Se quiere cuidar a los menores de ser separados de las madres y causarles con ello un daño emocional mayor, pero esto mismo puede ser un cliché; también hay hijos con apego profundo a los papás, y estos últimos no reciben el beneficio de la prisión domiciliaria.
En la exposición de motivos, la bancada de Morena dice que “este proyecto de ley es una respuesta necesaria y oportuna para abordar los desafíos y obstáculos que enfrentan las madres autónomas y jefas de familias en situaciones de precariedad y de vulnerabilidad en el Estado de Tamaulipas”. Esto es rotundamente falso: remitirlas a casa no resuelve los desafíos de estas pobres mujeres porque sus carencias son estructurales y no desaparecen con evitar la prisión. Es mera propaganda ufanarse de salvarlas con una reforma al Código Penal.
Al menos, tranquiliza saber que las damas son menos propensas a delinquir que los varones. De acuerdo con datos oficiales, hay 2,356 hombres ya sentenciados en prisiones del estado, en tanto que las mujeres suman 127. Se trata de culpables del fuero común, y falta revisar los archivos de las delincuentes federales.
No quisiéramos causar una mala impresión con las objeciones expresadas aquí, pues en esta columna apoyamos la igualdad y la erradicación de la pobreza, no su criminalización. Pero tememos que la reforma al artículo 108 Bis del Código Penal de Tamaulipas, en vez de reducir las injusticias, pudiera aumentarlas. En realidad, se trata de un ordenamiento defectuoso más que negativo.
Si la culpable, en uno u otro caso, es una jefa de familia de condición vulnerable, el juez podrá enviarla a casa según el código reformado. Y quizás sea confinamiento, pero también tendrá más comodidad y una sensación de libertad que es imposible hallar en una prisión real.
Dios nos libre de parecer torturadores o déspotas, sobre todo de una mujer pobre con hijos. Pero hay que tomar en cuenta también a las víctimas, y se tiene la impresión de que estas pasan a segundo término a consecuencia de la nueva reforma.
Si hay un lastre que amarga la confianza ciudadana es la impunidad, el hecho de ver al delincuente sin recibir el justo castigo. Hemos dicho que atravesamos por la peor época de inseguridad de los tiempos actuales, y que las personas honradas están deseosas de justicia. Si la cárcel es un castigo severo para ciertos delincuentes, como las jefas de familia pobres, ¿qué sentido tiene su utilización? ¿Qué pretende decir a las víctimas la sustitución de la cárcel por el encierro domiciliario?
Se quiere cuidar a los menores de ser separados de las madres y causarles con ello un daño emocional mayor, pero esto mismo puede ser un cliché; también hay hijos con apego profundo a los papás, y estos últimos no reciben el beneficio de la prisión domiciliaria.
En la exposición de motivos, la bancada de Morena dice que “este proyecto de ley es una respuesta necesaria y oportuna para abordar los desafíos y obstáculos que enfrentan las madres autónomas y jefas de familias en situaciones de precariedad y de vulnerabilidad en el Estado de Tamaulipas”. Esto es rotundamente falso: remitirlas a casa no resuelve los desafíos de estas pobres mujeres porque sus carencias son estructurales y no desaparecen con evitar la prisión. Es mera propaganda ufanarse de salvarlas con una reforma al Código Penal.
Al menos, tranquiliza saber que las damas son menos propensas a delinquir que los varones. De acuerdo con datos oficiales, hay 2,356 hombres ya sentenciados en prisiones del estado, en tanto que las mujeres suman 127. Se trata de culpables del fuero común, y falta revisar los archivos de las delincuentes federales.
No quisiéramos causar una mala impresión con las objeciones expresadas aquí, pues en esta columna apoyamos la igualdad y la erradicación de la pobreza, no su criminalización. Pero tememos que la reforma al artículo 108 Bis del Código Penal de Tamaulipas, en vez de reducir las injusticias, pudiera aumentarlas. En realidad, se trata de un ordenamiento defectuoso más que negativo.
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