Su mujer le había estado pidiendo una ayudante doméstica desde hacía
semanas. “Lo merecemos”, le dijo. Aunque podía costearlo de su salario (60 mil
pesos mensuales), José Miguel buscaba la forma de aminorar el gasto. Luego de
pensarlo unos días, le comunicó a su pareja que podían contratar una. Fue así
que llegó Esmeralda, una trabajadora madura, pero con gran vitalidad. Y lo
mejor era que no le costaría un centavo. ¿Es que sería una esclava? En
absoluto; Esmeralda tenía asegurado su salario, y uno bueno, por cierto. Para
ahorrárselo, José Miguel la había registrado como empleada municipal.
Al principio, José Antonio estaba temeroso de ser descubierto. Pero,
como nadie lo notó, disipó sus miedos y dio otro paso adelante.
“Úsala para ti”, le dijo a su esposa, y puso en sus manos las llaves de
la camioneta, la de gobierno, que no era de lujo pero sí práctica. Y la mujer
tomó el vehículo para ir por los niños a la escuela, hacer las compras y
visitar a las amigas. No tenía qué preocuparse del combustible, ya que también
salía del presupuesto municipal.
A partir de entonces, José Miguel mostró su generosidad con los suyos,
aunque eso fuera perjudicial para los gobernados. A un compadre lo convirtió en proveedor y le
pagaba la mercancía a sobreprecio. A su suegro le rentó una casa como bodega de
la dirección municipal, cuyo costo triplicaba el valor de mercado (de 6,000 a
18,000 mil pesos mensuales).
Gastó a ojos cerrados, como suele ocurrir cuando alguien utiliza el
dinero ajeno. Porque esas sumas, aunque no estén en una cuenta unipersonal,
tienen dueño.
Tal fue el comportamiento de José Miguel X como director municipal,
libre de informar o justificarse. Imaginen lo que podría hacer un alcalde o un
gerente general de Comapa de cualquier ciudad, que están en la cima de la
administración pública y manejan más de mil millones de pesos al año.
Estos desvíos pudieron haberse autolimitado, si no suspendido, de
conocerse la información administrativa. Cualquier ciudadano tendría derecho a
saber quiénes integran la nómina, cuáles son los precios de la mercancía
adquirida con proveedores, y cuáles son los costos de los inmuebles rentados,
así como la identidad de los dueños.
Pero ese derecho, ese poder de exigir cuentas a la autoridad, ya no
existe, por lo menos en la forma en que funcionaba.
José Miguel X es un personaje ficticio, pero créame que Tampico, Madero
y Altamira están llenos de tipos reales como él o quizás peores.
Veníamos de etapas muy viejas en las que el presidente de la Republica
se jactaba de designar a su hijo en un cargo público, o en las que el alcalde
enviaba a empleados municipales a trabajar como albañiles a su residencia.
Tales extravagancias disminuyeron o se autorregularon gracias al Instituto
Nacional de Acceso a la Información (INAI). Pero, la acaban de extinguir, y
debemos verlo como la peor noticia del siglo, a reserva de que lleguen otras
más terribles.
Ha sido como volver a la edad de las locomotoras y los barcos de vapor,
el peor retroceso concebible porque no es tecnológico, sino de mentalidad.
Darle al Estado la discrecionalidad de informar sobre el gasto público
pertenecía al cementerio de las malas ideas, como prohibir el divorcio, negar
el voto a las mujeres o penalizar las preferencias sexuales. Acaba de volver a
la vida un cadáver agusanado que atenta contra los derechos y la dignidad
ciudadana.
La extinción del INAI, culturalmente hablando, es un “no” a los
contrapesos del poder y a las formas vanguardistas de democracia. El Estado se
asume como juez y censor de sí mismo y le niega la mayoría de edad a los
gobernados. La Cuarta Transformación sostiene que el Sistema Nacional de
Transparencia es innecesario, y que esa función la suplirá con una nueva
secretaría que, para fines prácticos, estará subordinada a la Presidencia. Este es el salto de cien años atrás que acaba
de darse.
La figura que emerge de estas reformas se parece cada vez menos a una
democracia, porque el Estado es el único fortalecido y extiende su dominio
sobre los habitantes. Llamados a ser como Dinamarca, casi somos Nicaragua.
Allá, en el país centroamericano, el presidente Daniel Ortega está a
punto de convertirse en dictador. Harto de ejercer el sistema republicano,
promovió una reforma para que la Presidencia coordine los órganos legislativos,
judicial, electoral, de contraloría y los entes autónomos. A esta nulidad de la
división de poderes la llamó “modernización de la Carta Magna”.
Profanando la Constitución, hizo declarar copresidenta a su esposa,
Rosario Murillo. Luego, para acallar las críticas a este proyecto, actualizó el
delito de “traición a la patria”, que no consiste en apoyar a un ejército
extranjero en perjuicio de la propia nación, sino en recriminar al gobierno en
el mismo tenor que la prensa internacional. “El Estado vigilará que los medios
de comunicación no sean sometidos a intereses extranjeros”. Quienes incurran en
esta difusión perderán la nacionalidad nicaragüense y serán desterrados, como
ya ha sucedido con cerca de 450 disidentes, entre ellos varios sacerdotes y
periodistas.
La egolatría de Ortega fue creciendo con los años, ya que llegó al
poder en 2007 y, al principio, parecía un demócrata, defensor de la libertad,
la alternancia y los derechos humanos.
¿Está México en la misma ruta? Sería frívolo asegurarlo, pero quitarles
a los ciudadanos el poder de interrogar y exigir informes a la autoridad es un
paso atrás en nuestra democracia y una forma de sovietizar la vida pública, en
la que una burocracia encubre los abusos de sus miembros.
El gobierno se declara capaz de aplicarse la ley a sí mismo, y no
podemos creerle después de los desfalcos en Segalmex, el Insabi y el IMSS. A los encargados los recolocó en la nueva
administración.
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