El caso del
delegado del IMSS en Tamaulipas, detenido por policías estatales el martes 22
de abril, se ha complicado.
A José Luis Aranza Aguilar lo bajaron de su camioneta y lo esposaron; también, dentro del mismo vehículo, tomaron fotografías a una pistola y a un fajo de billetes que, casi al instante, circularon por internet. Al verlas, la gente repudió al delegado por corrupto.
Horas después, el caso tomó un giro inaudito que solo puede entenderse con el proverbio “No creas nada de lo que veas y solo la mitad de lo que oigas”. Por la tarde, lo liberaron sin cargos ni sanciones.
Sin embargo, al anochecer, el IMSS defendió a Aranza Aguilar y acusó a los policías tamaulipecos de “sembrarle” la pistola en la camioneta. Es decir, le tendieron una trampa.
A la mañana siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum habló también de la pistola sembrada y pidió una investigación; no tomó partido, pero, en vez de cerrar el caso, pidió judicializarlo hasta llegar a las últimas consecuencias.
En esta historia, las fotografías del arma y el dinero siempre nos parecieron la parte fundamental, ya que se compartieron al momento y es inusual que esto ocurra en un operativo serio. Este no lo fue porque, al final, no pudieron acusar al funcionario de ningún delito, a pesar de haberlo arrestado, incluso esposado, por unas horas.
El uso mediático de tales imágenes, con la intención de incriminar al delegado, fue la pifia mayor de este enredo, y adelantamos algunas consecuencias en una publicación anterior.
“Primero: utilizar a la Guardia Estatal para vengarse de alguien (sea o no un delincuente) afecta la imagen del Gobierno de Tamaulipas”.
“Segundo: disminuye la credibilidad ciudadana en la Guardia Estatal”.
“Tercero: hace dudar de la estrategia del Gobierno del Estado en materia de seguridad (certeza, legalidad y transparencia)”.
Quien ha salido maltrecho de este conflicto, como responsable de la policía estatal, es el Gobierno de Tamaulipas, aunque falta todavía deslindar la responsabilidad de los involucrados. La Federación, por medio del IMSS, los acusa de fabricar delitos.
La tensión pareció disminuir cuando la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas inició una carpeta de investigación, tal y como lo pidió la presidenta Sheinbaum y el IMSS; esto se tomó como un gesto de institucionalidad y orden.
Otra señal de reconciliación fueron los comentarios del secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Jorge Cuéllar, quien, en una entrevista con Radio Fórmula, negó que la policía haya encontrado un arma o dinero al delegado del instituto.
Pero esta primavera terminó el lunes 28 de abril. Ese día, cuestionado por la prensa, Sergio Chávez García, secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, afirmó que el delegado sí portaba una pistola y dinero en efectivo. De hecho, reveló la cantidad exacta: 298 mil pesos.
“Lo primero que dijo (el delegado) es: ‘Ese no es mío’”, expresó Chávez García. “Entonces, de que estaba ahí, ahí estaba, tanto el dinero como el arma”.
El jefe policíaco sostuvo que sus muchachos actuaron conforme a derecho y, por tal razón, seguían en activo y en las calles. Estaba muy satisfecho de confiar estos detalles a los medios, ya que favorecía a los suyos. Sin embargo, hubo repercusiones.
Chávez García violó la confidencialidad del proceso al abordar las supuestas declaraciones ministeriales de los implicados. Además, interfirió en la labor de la Fiscalía al manifestar que la pistola “estaba ahí”, lo mismo que el dinero. Y no lo dijo una, sino dos veces. Sorprende también que lo haya dicho a toro pasado, seis días después del incidente.
Las opiniones de Chávez García no representan las de un ciudadano cualquiera sino las de la Secretaría de Seguridad Pública y, por extensión, las del Gobierno del estado. No tenía necesidad de compartir información protegida cuando el proceso de investigación apenas comienza, por ejemplo, detallar la cantidad de dinero. Con sus palabras, desvirtuó la tarea de Jorge Cuéllar, el vocero oficial, quien había sostenido que no hubo armas ni valores en la revisión al delegado.
Chávez García pudo decir: “Estamos cooperando con la investigación”, “Ya rindieron su declaración los policías y confiamos en ellos”, “No tenemos nada que ocultar”, cualquier idea que expresara su aparente inocencia. O, incluso, quedarse callado, como conviene en casos delicados.
Las administraciones competentes no dejan sueltos los casos graves para que se contradigan sus funcionarios y crezcan las sospechas. Ya habíamos advertido que un conflicto, sin un manejo claro de comunicación, se convierte fácilmente en una crisis.
El arresto del delegado, si aún no lo es, ya toca la puerta. Las declaraciones de Chávez García cayeron mal en la Ciudad de México y la respuesta llegó el mismo 28 de abril: el Instituto Mexicano del Seguro Social denunció ante la FGR a elementos de la Guardia Estatal por el delito de privación ilegal de la libertad.
Es decir, el IMSS perdió la confianza en la investigación de la Fiscalía General del Estado. Y, en definitiva, nunca ha confiado en la Secretaría de Seguridad. Vea usted qué mensaje: incriminan desde la federación el garante de la paz en Tamaulipas.
El arresto fallido ya no es un asunto menor para el Seguro Social ni remediable con un reemplazo. Está decidido a disputarle la verdad a la Secretaría de Seguridad Pública, pero ahora en el terreno de la FGR.
Por cierto, la FGR viene ejecutando detenciones en otros estados donde realiza indagatorias. ¿Dónde está hoy José Ascensión Murguía, alcalde de Teuchitlán, quien desafió a las autoridades a que lo investigaran por el rancho Izaguirre?
Tamaulipas ya arrastra otros escándalos en los medios nacionales y este otro lo desgastará todavía más, salvo que lo gane.
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